Este es el título de un libro escrito por Jorge Luis Arévalo, activista social quién vivió su etapa de radicalismo en 1977, cuando lideró tomas de tierras en el Alto Piura. El reconoce que las “masas” buscaban un pedazo de tierra agrícola, mientras que los líderes “un salto al poder”.

Arévalo señala que durante todo el período de protesta en Cajamarca, se evidenció el oportunismo político de sus líderes: “Las luchas de los pueblos, se han convertido en el gran trampolín para llegar a ocupar el cargo de alcalde, presidente regional, congresista y presidente de la república. Se inician como defensores del agua, del medio ambiente y se gradúan de candidatos, de dueños de partidos. Y por haber supuestamente defendido al pueblo le pasan la factura, exigiendo que sea pagada con votos”.

Critica al Estado por no existir ningún detenido por los actos vandálicos que han ocurrido en los últimos doce años, y por los dimes y diretes entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas. Así como la permisividad ante extranjeros y fondos foráneos que auspician a agitadores políticos. Es el caso de Misereor, que se autodefine como la obra episcopal de la iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo, y cuyos agentes en nuestro país son curas que no practican el celibato. Según su portal, donde no se muestra ninguna cifra sobre fondos entregados, o criterios utilizados para sus auspicios, se menciona que ésta institución apoya la realización de plebiscitos locales, la realización de monitoreos participativos, la elaboración de estudios técnicos y el apoyo a los procesos de diálogo. En nuestro país, está muy ligada a Grufides, la ONG de Marco Arana, el líder de TyD.

En cuanto a las empresas mineras, Arévalo les recomienda un “acompañamiento” en sus nuevas actividades agrícolas, pues la compensación de área de pastoreo, por otras iguales o por dinero, no colman las expectativas de las familias campesinas.

A consecuencia de unas auditorías se detectó graves actos de corrupción en el gobierno regional de Cajamarca. Lamentablemente no se hicieron acciones exhaustivas de control en otras instituciones como los gobiernos locales, donde los cajamarquinos creen que la corrupción es mayor. Por lo tanto la opinión generalizada es que la detención de G. Santos ha sido injusta.

La creencia popular alimentada por estos líderes es que la minera Yanacocha ha contaminado todas las aguas. Esto es aprovechado por los comerciantes que pagan menores precios por los productos agrícolas, aduciendo que están contaminados.

Mientras esto ocurre en Cajamarca, en Lima la prensa escrita publica los extravíos de estos líderes que rechazan la inversión minera aduciendo una contaminación general, una apología a la ilegalidad.

El gobierno actual no ha hecho nada para evitar estos abusos de los comerciantes hacia los campesinos. Todo lo contrario, el presidente del organismo de supervisión ambiental declaró en Cajamarca que Yanacocha había recibido una fuerte multa al igual que otra pequeña mina en Hualgayoc. Esta última había sido sancionada por descargar efluentes contaminantes hacia cuerpos de agua, mientras que Yanacocha lo había recibido porque había construido una plataforma de exploración cerca de un pequeño almacenamiento de agua de lluvia, que para el supervisor era un bofedal. También recibió otra multa porque al parecer del supervisor podrían mejorar la disposición de sus residuos industriales (llantas, etc). Pero en resumen, sus efluentes no estaban contaminando cuerpos de agua cajamarquinos.

La OEFA supervisa continuamente las operaciones de Yanacocha, sin embargo no informa adecuadamente a la población cajamarquina, sobre los impactos de la industria minera.

No se entiende la desidia del gobierno para promover la inversión en esta región donde se encuentran varios megayacimientos de cobre, cuyos precios volverán a niveles extraordinarios a partir del 2017.