Maria Chappuis

Analisis y Comentarios

MINERIA & AGROEXPORTACION

Recientemente se derogó la ley de promoción al sector agrario (LPSA) y se está estudiando una nueva ley. Lamentablemente los economistas que siempre opinan no presentan el panorama completo, por lo que la discusión está sesgada.

La minería y la agroexportación son los sectores más importantes de las áreas rurales de nuestro país. La siembra extensiva de los desiertos de Ica permite que población rural de Ayacucho haya elevado sus ingresos, lo que ha traído bienestar y desarrollo, en el entorno donde se desarrollan muchas minas pequeñas.

La opinión más difundida es el “bajo” impuesto a la renta (IR) que se pagaba según LPSA. En la discusión de los defensores de la “hacienda del MEF” no se menciona del “alto” IR que paga la minería, que está por encima del promedio OCDE, y es uno de los más altos entre países mineros. Lo más sensato sería analizar todos los IR que se están pagando y si estos están perjudicando al proceso de formalización/regularización que necesitamos sobre todo en el ámbito rural. Este debería ser el punto más importante de una política económica sensata, porque con los niveles de informalidad que tenemos no vamos a desarrollar el país jamás.

Decíamos que tanto la minería como la agroexportación  se desarrollan en el ámbito rural, léase tienen que enfrentar esa falta de un catastro riguroso de la propiedad de la tierra, y estar frenados por la “propiedad” de extensos terrenos que están en manos de una “comunidad”. Hace 50 años se hizo una reforma agraria aduciendo que los terratenientes tenían terrenos improductivos…y ahora, las comunidades no tienen terrenos sin trabajar?

Cuando se viaja por la Panamericana Norte, se encuentran valles verdes, bien sembrados. Pero también se pasa por extensos arenales con letreros bien grandes que dicen “Propiedad de la Comunidad…”.

Tampoco se menciona en los extensos análisis el know how, y las buenas prácticas en seguridad laboral y ambiental que ha traído la minería formal y la agroexportación. En las discusiones el Ministerio de Ambiente no ha dicho una sola palabra sobre las malas prácticas de la agricultura de los pequeños propietarios en general (uso de insecticidas prohibidos, quema de pastos, consumo excesivo de agua, contaminación de cursos de agua con fertilizantes, etc…). Essalud se ha quejado que la contribución de la agroexportación “no le alcanza”, cuando la gran mayoría de trabajadores sólo trabajan unos meses en cosecha de la agroexportación y se pasan el resto del año trabajando para “parceleros”, por sumas menores, y en peores condiciones laborales y por ende de salud.

Sunafil afirma que sólo a fiscalizado al 75% de los agroexportadores de Ica….y a qué porcentaje de los que trabajan para los parceleros en Cañete o Chincha? Al parecer a ninguno porque se ven prácticas totalmente reñidas con el “trabajo digno” que ordenan nuestras leyes laborales.

El Ministerio de la Mujer tampoco ha mostrado evaluaciones de como el incremento de participación de mujeres trabajando en las plantas procesadoras ha disminuido los índices de violencia en la mujer.

DIGESA y CENSOPAS al parecer no recorren las calles de los distritos donde la pequeña agricultura es mayoritaria, y revisan los agroquímicos que se venden. Publicitan que tal paneton tiene moho pero no analizan que tipo de residuo químico estamos ingiriendo en el tomate que comemos.

En resumen, toda ésta discusión nos lleva a profundizar aún más la brecha entre las dos naciones que hay en nuestro país: el formal, que trae desarrollo, innovación y buenas prácticas del primer mundo; nación totalmente minoritaria y la otra  la de la economía informal, precaria, atrasada, que nos ancla en el subdesarrollo.

 

 

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