Un amigo me contó ésta anécdota de viaje. Recorría el norte de Australia y encontró unas playas hermosísimas, pero con cárteles que prohibían bañarse porque estaban infectadas de cocodrilos. Indagó en un pueblo cercano y le comentaron que veinte años atrás se podían bañar en el mar, pero se dictó una norma que prohibía cazar los cocodrilos, que exceptuaba a los “indígenas de pueblos originarios”, que sí podían hacerlo. Me imagino que los que promulgaron esta norma estuvieron muy contentos y orgullosos por su solución “socio-ambiental”, que “favorecía” a esta minoría. Pasaron los años y estas playas hermosísimas sólo sirven para mirarlas, porque los “crocodylus porosus” abundan y éstos reptiles no filtran por raza cuando atacan. Todos perdieron.
Esto es lo que está ocurriendo en Apurimac. Estos últimos meses la disputa es por una carretera. Autoridades y dirigentes de comunidades están enfrascados en “diálogos”, que no toman en consideración muchos factores. Por ejemplo, de lo que recuerdo, el estudio ambiental de Las Bambas indicaba un plazo operativo de 17 años. Siempre las exploraciones podrían ampliar este plazo. Pero lo que no se puede cambiar es que esta mina está bastante lejos de los puertos, y cuando los tajos se tengan que profundizar los costos de transporte en interior mina se incrementan, las leyes bajan, se tiene que desbrozar más, y el mineral se pone más duro (los costos de energía por trituración y molienda suben). Por lo que la única gran mina de Apurímac puede iniciar su etapa de cierre, por razones económicas.
Tampoco se analiza que este estado de convulsión está afectando las decisiones de invertir de todos los proyectos cercanos. Ninguna anuncia mayores avances en sus inversiones. Lo que la prensa especializada si menciona constantemente es que en África se están desarrollando minas con leyes cuatro veces más ricas que Las Bambas, y que el precio del cobre recién va a despuntar en el 2023 posiblemente, porque hay mucha inversión en curso.
Autoridades de Apurímac han reclamado que la carretera en disputa es el 3% de todas las vías de la región. Además que las necesidades de infraestructura vial son inmensas, por lo que no comparten la decisión de destinar todos los recursos para ésta vía.
En resumen todos perdemos con decisiones populistas de no aplicar la ley, amnistiar a los que bloquean carreteras o atropellan a policías. Las autoridades del MINEM están llamadas a alertar sobre las consecuencias de espantar las inversiones, porque ya tenemos muchos yacimientos que comunidades sólo están permitiendo mirarlos en una imagen satelital. Junto a la SNMPE deberían elaborar un catastro de los yacimientos donde no se está permitiendo explorar, para dejar atrás el episodio y ampliar la visión.