Maria Chappuis

Analisis y Comentarios

Los comunidades como proveedoras mineras

Hace más de 20 años las compañías mineras asumieron políticas más estrictas de seguridad en el trabajo, cuidado del medio ambiente y biodiversidad, junto con desarrollo social de las comunidades vecinas, equidad, derechos humanos y adopción a principios internacionales como los estándares ISO, las metas para un desarrollo sustentable de Naciones Unidas, entre otros.

Surgieron asociaciones internacionales como ICMM – International Council of Mining, and Metals, que agrupa a las principales empresas mineras internacionales y que busca una minería segura, justa, sostenible: Para ser miembro se tiene que superar  un riguroso proceso de ingreso, y sólo 28 empresas lo pudieron alcanzar, entre ellas Anglo American que está desarrollando Quellaveco, y la peruana Minsur. ICMM publica “herramientas” para un mejor desempeño de sus miembros.

Para fiscalizar los aportes tributarios surgió EITI que nuestro país se adhirió. Hace pocos años aparecieron “certificadoras” de buen desempeño social como ambiental como IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance).

Uno de los aspectos cruciales era el social, que se traducía en contratación de personal local, que evolucionó a contratación de empresas comunales. Esto ocasionó inclusive que muchas contratistas tradicionales se retirasen de las minas por su preferencia de éstas a contratar empresas de la zona.

También evolucionaron los textos de los contratos que suscribían mineras con proveedoras. No sólo se les exigía que cumplieran con sus obligaciones laborales y tributarias, sino que acatasen las normas internas de seguridad y cuidado ambiental y los valores de la empresa. Era sabido que empresa contratista  que incurría en deudas con la SUNAT o donde ocurriese un accidente laboral no era recontratada.

Pero lo que ha ocurrido con la empresa comunal de servicios generales creada por las comunidades de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala no está contemplada en ninguna de las “herramientas” o directivas de todas las iniciativas que hemos mencionado. Esta empresa alquila 17 camionetas al proyecto Quellaveco, cada una valorizada en US$ 30 mil dólares, pero también ha ocupado ilegalmente el reservorio que abastece de agua a la mina vecina de Cuajone, impidiendo su operación por 51 días; que son una clara inobservancia legal.

Si la empresa comunal mencionada fuera una empresa exclusivamente privada, el contrato ya estaría rescindido. Se desconoce cuál será la decisión que tome Minera Quellaveco con su proveedor.

 

 

 

 

Los comentarios están cerrados.